miércoles, 3 de octubre de 2012

Fomento descarta rescatar "a corto plazo" autopistas, a las que ya ha dado ayudas por 550 millones


MADRID.- El Gobierno no prevé rescatar "a corto plazo" a ninguna de las autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de insolvencia, dadas las medidas de ayuda que ha articulado, por las que, según asegura, ya ha concedido entre estas vías un total de 550 millones de euros.

   De este importe, 469 millones corresponden a los préstamos participativos concedidos a las autopistas y los otros 80,5 millones, a los otorgados a través de las cuentas de compensacion, según la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria escrita.
   Con la línea de préstamos participativos, el Ejecutivo busca ayudar a las autopistas a amortiguar el impacto de los sobrecostes de expropiación que afrontaron, mientras que con las cuentas de compensación contribuyen a atajar la caída de tráficos que estas vías registran desde el inicio de la crisis.
   "Habiéndose articulado medidas para tratar de resolver los problemas, a corto plazo no se tiene previsto el rescate de las sociedades concesionarias con malos resultados coyunturales", indica el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press.
   Las expropiaciones y el desplome del número de usuarios constituyen las dos principales causas de la situación de quiebra o de riesgo de quiebra que actualmente afrontan una decena de autopistas.
   En respuesta a una pregunta escrita de la diputada y portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Gobierno reconoce que "la actual situación económica ha afectado profundamente a los resultados económicos de las autopistas de peaje, sobre todo a nueve de las 21 sociedades concesionarias del Estado".
   Según el Ejecutivo, el origen del problema está en "la existencia de un tráfico real muy inferior al estimado, tanto en los estudios de la Administración, como en los de las ofertas que resultaron adjudicatarias", y en los justiprecios de las expropiaciones de los terrenos para la construcción de las vías. "Los jurados de expropiaciones y los tribunales consideraron que los terrenos, en general rústicos, debían ser valorados teniendo en cuenta las expectativas urbanísticas", indica.
   En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Estas cuatro sociedades están participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros.
   En cuanto a una eventual imposición de peajes por circular por las autovías, en respuesta a otra pregunta parlamentaria, el Gobierno indica que "está trabajando con el objetivo de definir la transposición" de la directiva denominada 'Euroviñeta', que grava con una tasa a los camiones que circulan por las vías de alta capacidad".
   En este sentido, sólo se limita a indicar que "la transposición de dicha directiva, que entró en vigor el 15 de octubre de 2011, de acuerdo a su artículo segundo, "debe realizarse obligatoriamente antes del 16 de octubre de 2013".

Ignacio González puntualiza que las CC.AA no se plantean aumentar el déficit

MADRID.- El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha puntualizado este miércoles que las comunidades autónomas no plantearon ayer, durante la Conferencia de Presidentes, aumentar el déficit previsto, sino abrir el debate sobre cómo repartirlo entre las distintas administraciones.

   "Lo importante es que todas las administraciones autonómicas y el Estado, incluido el señor (Artur) Mas, han convenido aceptar algo que es obligado y necesario, que es que todos vamos cumplir el objetivo que al Reino de España se le ha marcado en Europa porque si no, no vamos generar la credibilidad y confianza que necesitamos ni para que se produzcan los apoyos de los fondos de liquidez, ni para que podamos recuperar el crédito. Por lo tanto es algo indiscutible y asumido por todos", ha afirmado González preguntado por los acuerdos alcanzados ayer sobre el cumplimiento del déficit.
   En declaraciones a los medios en la Puerta del Sol, González ha matizado que "cuestión distinta es cómo el objetivo de déficit tiene que repartirse entre las distintas administraciones a la hora de cumplirse".
   "No quiere decir que vayamos a tener más déficit, sino que el déficit que todos aceptamos ver cómo se reparte entre nosotros, y en ese sentido, lo que planteo el señor Mas y aceptó el presidente del Gobierno es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un grupo de trabajo que empiece a analizar los criterios de cómo repartir el déficit", ha explicado González.
 
A disposición de los ayuntamientos
 
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha reunido este miércoles con la Comisión Ejecutiva de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y se ha puesto a disposición de los ayuntamientos de la región "desde la lealtad institucional, la colaboración y el diálogo permanente" con todos, sean del color político que sean.    "El Gobierno se pone a disposición de los ayuntamientos desde la lealtad institucional, la colaboración y el diálogo permanente con todos ellos", ha afirmado González en rueda de prensa tras reunirse con los representantes de los municipios de la región, la segunda reunión institucional que realiza tras asumir el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.
   El presidente ha señalado que en la reunión se ha hablado de muchas cosas, entre ellas, sobre cómo abordar la prestación de servicios al ciudadano. A este respecto ha indicado que las "mancomunidades son una opción posible" ya contemplada en la ley  y ha abogado por esperar a ver que dice la renovada Ley de Bases de Régimen Local.
   Por su parte, el presidente de la FMM, David Pérez, ha cogido el guante y ha destacado que es una relación de "lealtad y compromiso mutuo" en cuanto a unos los objetivos compartidos, que pasan por "dar un mejor servicio a los ciudadanos, en muchos casos, de forma compartida" como es el caso de las brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) o el Prisma.
   "Nos hemos sentido escuchados y respetados", ha afirmado Pérez, quien ha añadido que " ese buen dialogo que ya existía con el Gobierno se va a intensificar".

Ignacio González dice que "hay que respetar" el derecho de manifestación

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado este miércoles que el derecho de manifestación está "en el ordenamiento jurídico español" y por lo tanto, "hay que respetarlo", pero ha añadido que hay que "hacerlo compatible" con otros derechos como el de la libre circulación que ejercen aquellas personas que no quieren manifestarse.

   En declaraciones a los medios de comunicación en la Puerta del Sol preguntado por las palabras de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ayer habló de "modular" el derecho de manifestación, el presidente regional ha afirmado que "el derecho de manifestación es un derecho reconocido en ordenamiento jurídico español y hay que respetarlo", pero ha destacado que "hay muchos otros derechos" y "hay mucha gente que en legítimo uso del ejercicio de su libertad no se quiere manifestar".
   Así, González ha sostenido que Cifuentes ha dicho algo "bastante razonable", que "no está poniendo en cuestión el derecho de manifestación", sino que ha señalado que "ese  derecho hay que hacerlo compatible con el derecho de los demás a poder circular simplemente y tener su  derecho a la movilidad".
  "No parece razonable que en ocho o nueve meses que lleva este Gobierno se hayan producido en Madrid más de 2.200 concentraciones, manifestaciones y que eso no tenga ningún criterio de modulación, no para restringir el derecho, sino para hacerlo compatible con el resto de los derechos de los ciudadanos, y especialmente, el de movilidad", ha añadido a renglón seguido.
   González, que ha apuntado que no sabe si sería adecuado o no crear un manifestódromo, ha insistido en que "no es razonable" que el ejercicio del derecho de manifestación lleve "a que se impida el ejercicio del resto de los derechos de los demás".
 "Creo que hay que buscar ese cauce en el caso de que esta situación pueda crear un colapso permanente", ha destacado y ha aseverado que todo lo que se pueda avanzar en esa dirección será "bueno" para los dos grupos de ciudadanos.

El fiscal jefe de Madrid recalca que el derecho de reunión no se puede recortar al estar recogido en la Constitución

MADRID.- El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha recalcado este miércoles que los derechos de manifestación y reunión no se pueden recortar al ser garantías fundamentales recogidas en la Constitución, si bien ha señalado que son susceptibles de regularse.

   Después de que el responsable máximo de la Fiscalía, Eduardo Torres-Dulce, se haya mostrado esta mañana partidario a reprimir los excesos de estos derechos, Estaban Rincón ha señalado que el ejercicio de reunión y manifestación  son "derechos fundamentales y, por tanto, hay que mantenerlos".
   "Todo lo que suponga una merma de estos derechos no será admitido por el Tribunal Constitucional. Se podrán regular, respetando siempre el núcleo de esos derechos, que están recogidos en la Constitución", ha reseñado y ha precisado que la regulación iría por la vía administrativa y no por el ámbito penal.
   Las palabras de Torres- Dulce se han producido un día después de que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, propusiera modular la ley de manifestaciones para racionalizar el uso del espacio público.

El juez Decano de Madrid no apoya que haya modificaciones legales en el derecho a manifestarse

MADRID.- El juez Decano de Madrid, José Luis Armengol, se ha mostrado este miércoles en contra de una posible modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho a manifestarse al estimar que este extremo no es "en absoluto necesario", puesto que a su juicio la legislación vigente funciona "con normalidad".

   Armengol se ha pronunciado en relación a las manifestaciones realizadas esta mañana por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acerca de poder modular este derecho. Esta cuestión fue planteada ayer por la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
   "No es en absoluto necesario modificar la ley orgánica porque ha demostrado que funciona con normalidad", ha recalcado el juez decano de Madrid y ha reseñado que las leyes deben tener "un reposo y una vigencia" sin modificarse por criterios coyunturales.
   "Son derechos fundamentales --el de reunión y el de manifestación-- y establecer cláusulas a esos derechos va en contra del espíritu de los derechos fundamentales", ha opinado.
   Asimismo, ha insistido en que hay "instrumentos suficientes" para denegar autorizar una manifestaciones, sin que sea necesario recurrir a este extremo de modificar la Ley.

La Inteligencia rusa culpa a Al Qaeda de la ola de incendios en el sur de Europa

MOSCÚ.- El jefe de los Servicios de Seguridad Federales (FSB), la Inteligencia interior rusa, Alexander Bortnikov, ha denunciado este miércoles que la red terrorista Al Qaeda está detrás de la ola de incendios que ha sufrido Europa este año, especialmente, los países del sur, como España, con la mayor superficie quemada en una década.

   "Los fuegos en bosques de la Unión Europea deben considerarse como una de las nuevas formas de actuar de Al Qaeda. Con esta estrategia, puede infligir un gran daño en la economía y en la moral de la población sin una preparación seria, equipo técnico o una gran financiación", ha señalado el jefe del FSB en Moscú, según la agencia RIA Novosti.
   Bortnikov ha indicado que los servicios de seguridad europeos tienen pocas posibilidades de capturar a los responsables. El jefe de la Inteligencia interior rusa ha apoyado sus denuncias en que varias páginas web de extremistas islámicos han mencionado la "yihad de los bosques", donde se explica la forma más efectiva de iniciar un fuego.
   El director del FSB ha señalado que la prioridad de los servicios de seguridad es contener la amenaza terrorista procedente de Oriente Próximo y el norte de África. Bortnikov ha subrayado que las redes criminales pueden utilizar las crisis y protestas en estas regiones para "amenazar al estabilidad de regiones enteras" y amenazar a la comunidad internacional.
   Los países del sur de Europa se han llevado la peor parte por el número de incedios este año. En total, en España ha ardido una superficie de 189.320 hectáreas, tres veces más que en 2011, cuando fueron 54.659. Este es el peor dato de la última década, ya que supera en 85.286 hectáreas la media de zona quemada en todo el decenio.

Los convenios sanitarios para inmigrantes irregulares no cubrirán los medicamentos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles los convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.

   Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la sede del Ministerio, en el que han fijado que la cuantía de dicho convenio será de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de 65 años.
   "Es una cifra razonable y equitativa", ha reconocido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que ha estado presidida por la ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho declaraciones a su finalización.
   No obstante, el consejero y responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP también ha recordado que lo acordado en el Consejo es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden.
   Igualmente, Echániz ha querido dejar claro que el convenio les da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios pero no a los medicamentos. Por tanto, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta sanitaria.
   Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos.
   No obstante, Echániz también ha explicado que se han establecido los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer "un efecto llamada".
   Para ello, establece un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
   Por otro lado, en el Consejo Interterritorial también se han evaluado los efectos de las medidas de la reforma sanitaria aprobada antes del verano, como el cambio en el copago farmacéutico, que ha supuesto "un alivio" de 400 millones de euros para la factura sanitaria de las comunidades en sólo dos meses de funcionamiento. "Casi un millón de euros diarios", ha aseverado.
   Además, con la entrada en vigor de este nuevo sistema los pensionistas han abonado de media cuatro euros al mes en las oficinas de farmacia, y ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración para que la medida se haya puesto en marcha "sin problemas".

El 'banco malo' no aceptará pisos de menos de 100.000 euros

MADRID.-   La banca no podrá transferir al 'banco malo' activos adjudicados del 'ladrillo' de menos de 100.000 euros ni préstamos por importe inferior a 250.000 euros, según ha adelantado en el Congreso de los Diputados, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

   En su comparecencia ante la comisión del ramo para dar cuenta de la última reforma financiera y de los resultados de la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman, Guindos avanzó que la sociedad de gestión de activos (SGA), conocida como 'banco malo', "no aceptará determinados activos con el objetivo de facilitar su gestión".
   El 'banco malo' adquirirá los activos tóxicos del ladrillo de las entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas "a precios muy conservadores" y permitirá abaratar la vivienda, porque, además de sanear los balances de los bancos, aspira a dinamizar el mercado inmobiliario en España. "Pondrá a disposición de los españoles "viviendas a precios más reducidos", sostuvo.
   Al término de su comparecencia, Guindos especificó que es pronto para hablar de a qué descuento sobre el valor en libros comprará el 'banco malo' los activos, pero recalcó que el precio "ha de ser lo suficientemente conservador y cauto" como para que el instrumento resulte rentable a medio y largo plazo y atraiga la inversión privada.
   El objetivo del Gobierno -especificó el ministro de Economía- es que entidades financieras sanas, aseguradoras y fondos de inversión, entre otros, tengan una participación mayoritaria en el capital del 'banco malo' de al menos el 55%.
   Guindos reconoció que el precio de compra de activos puede "provocar pérdidas en los bancos ayudados", contingencia para la que se podrán emplear las ayudas europeas. "La entidad que suelta activos al 'banco malo' está relativamente cubierta. Tenemos que tener los dos instrumentos", enfatizó.
   Por esta razón, el ministro precisó que para sanear la banca el Gobierno combinará el uso de la sociedad ideada para limpiar sus balances de 'ladrillo' y de los aproximadamente 40.000 millones de euros de fondos europeos que solicitará para cubrir las necesidades de capital.   
   A su parecer, el 'banco malo' se perfila como una herramienta de saneamiento bancario "más importante incluso que las ayudas de capital" que se pedirán para rellenar el déficit identificado por la consultora Oliver Wyman por más de 53.000 millones de euros.
   El 'banco malo' presenta dos ventajas: sus quince años de andadura previstos y la financiación, apuntó. "El suelo hoy puede ser un activo malo, pero adquirirá valor con el tiempo", ilustró Guindos, convencido de que el Gobierno dispone de los medios para acabar con las entidades "zombies" que "contaminaban injustamente" a las sanas.
   No obstante, Guindos aclaró que el objetivo del Ejecutivo no es la liquidación de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), sino su reestructuración y la venta de los negocios más rentables.
   "Las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tienen una parte que vale mucho y otra contaminada. Estamos separándolas, porque este método "servirá para pagar el préstamo" europeo, especificó. "El cierre 'per se', el achatarramiento, no es una alternativa", argumentó.
   Sobre si las medidas articuladas por el Gobierno para sanear y recapitalizar la banca permitirán que fluya el crédito a la economía, el ministro sostuvo que limpiar los balances de la banca es una condición imprescindible para alcanzar este objetivo, si bien reconoció que "no es la única".

Los promotores de vivienda piden "limpiar en lo posible" los balances de la banca

MADRID.- El presidente de los promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, no se opone a que las viviendas que engrosen el 'banco malo' tengan un umbral mínimo de precio de 100.000 euros, siempre que ello no dificulte su gestión, y advierte de que se deben "limpiar en lo posible" los balances de la banca.

Galindo se ha referido así a la posibilidad apuntada este miércoles por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha explicado que este umbral mínimo permitirá que posteriormente el 'banco malo' sea manejable.

"De lo que se trata es de que el 'banco malo' sea gestionable. Si no se pasan muchos pisos que compliquen la gestión no me parece mal", ha señalado en este sentido Galindo, quien cree además que cuando el Ejecutivo está haciendo ese corte es porque las viviendas que se quedará la banca, "de muy poco valor", son precisamente "las que están saliendo más rápido" de sus balances.

Ahora bien, Galindo ha hecho hincapié en que "conviene limpiar todo lo posible esos balances", para "que no queden dudas" sobre el saneamiento de la banca. Si la carga de activos que se queden las entidades financieras tras las trasferencias al 'banco malo' "pesa poco, no pasará nada".

Para evitar mayores problemas, Galindo ha valorado incluso la posibilidad de que se establezca como condición a la banca que sanee sus carteras de activos "en determinados plazos".

Por otro lado, el presidente de los promotores ha explicado que "es importante conocer también las condiciones en las que se gestionarán esos activos", ya que si, por ejemplo, estas viviendas pierden valor, ello supondrá a su vez pérdidas para todos los contribuyentes.

 "Hay que ordenar y estructurar esos productos de forma que se les dé salida en plazos de maduración de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos", ha apostillado.

Por otra parte, el consultor inmobiliario de la banca y fundador de la Red de Expertos Inmobiliarios (REI), Eduardo Molet, afirma que las condiciones que plantea el Gobierno para que la banca traspase sus activos al 'banco malo' dejará fuera a más del 36% de sus viviendas.

   En un comunicado, Molet cree que se trata de una "solución a medias" "Se atenúa el problema de los balances de los bancos más expuestos al mercado inmobiliario, pero no es suficiente. La limpieza tendría que llegar a todos los activos", añade. 

   "La principal incógnita a la que se enfrenta ahora el mercado inmobiliario es saber cuál será el precio que el Gobierno considera razonable para esos activos tóxicos", apostilla.

La APM condena las agresiones policiales a periodistas y rechaza las restricciones al ejercicio de la profesión

MADRID.- La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha examinado los acontecimientos de los últimos días en torno a las manifestaciones desarrolladas bajo el lema “Rodea el Congreso” (días 25 y 29), y en un comunicado emitido condena las agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

Varios asociados denunciaron a la APM que en la manifestación del día 29, la policía prohibió a los medios audiovisuales instalar sus grúas y cámaras en Neptuno y les obligó a desmantelar los dispositivos que habían montado alegando "motivos de seguridad nacional". Varios medios se quejaron también a la APM de las agresiones de algunos policías hacia periodistas y reporteros gráficos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y en la estación de Atocha el pasado día 25.

La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condena estas agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

La APM considera que el hecho de que las manifestaciones no estén autorizadas no impide la colocación de dispositivos por parte de los medios, ya que el derecho de información sigue prevaleciendo en esos casos.

Consecuentemente, la APM insta al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a que eliminen las barreras al ejercicio del periodismo, faciliten el trabajo a los periodistas, garanticen su seguridad, habilitando si fuera necesario espacios en los que puedan desarrollar su tarea sin problemas, y respeten sus acreditaciones.

También recomienda a sus asociados que exhiban permanentemente la acreditación de la APM y, para mayor seguridad, que recurran a los chalecos que facilitan la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y la ANIGP-TV (Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión).

Sanidad informa a las CCAA del presupuesto "austero" que tendrá para 2013

MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentará este miércoles a las comunidades su presupuesto para 2013 que, según ha reconocido la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, es "austero" pero "comprometido con las personas y las políticas sociales", en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra en la sede del Ministerio.

   La número dos del departamento de Ana Mato ha hecho declaraciones justo antes de una reunión en la que, a diferencia que en otras ocasiones, no contará con una rueda de prensa al final en la que la ministra informe de los principales acuerdos adoptados en el Consejo.
   En los presupuestos presentados por el Gobierno el pasado sábado se establecía que la partida destinada a las políticas sanitarias disminuía un 3 por ciento con respecto a 2012, mientras que el presupuesto para el departamento de Ana Mato descendía entre un 15 y 22 por ciento, si se tiene en cuenta que parte de la dotación de 2013 se destinará a pagar deudas de años anteriores.
   Una de las partidas del presupuesto que más bajan con respecto al presupuesto de este año es la destinada al Fondo de Cohesión del SNS, que pasa de tener 93,29 millones a 36,29 millones. No obstante, Farjas ha reconocido que dicho fondo, que se gestionará "como un fondo extrapresupuestario" al igual que el Fondo de Garantía Asistencial.
   De hecho, Farjas ha destacado que ambos fondos son "el instrumento más potente que hay para garantizar que los españoles son atendidos con igual calidad en cualquier lugar en que se encuentren".
   Asimismo, ha negado que el Fondo de Cohesión vaya a pasar a depender del Ministerio de Hacienda, tal y como ha afirmado la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero.
   En este aspecto, ha insistido en que se gestiona a través de una ponencia técnica en la que participan todas las comunidades, y que sólo será la liquidación de los fondos lo que se haga a través de los planes de financiación autonómicos.
   Durante la reunión con los consejeros, Farjas también ha informado de que se aprobarán los convenios especiales para que los inmigrantes que no tengan tarjeta sanitaria puedan ser atendidos como el resto de los ciudadanos, mientras que también se actualiza el desarrollo de la Plataforma Centralizada de Compras de medicamentos y productos sanitarios, que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros.

Un vocal del CGPJ dice que modular la Ley de manifestación, "propio de regímenes autoritarios"

MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha asegurado este miércoles que la propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular la Ley de manifestación es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

   En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional".
   "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.
   Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".
   Gómez Benítez ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".
   "Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", ha zanjado.
   En otro orden de cosas, el vocal se ha referido a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los antecedentes de la convocatoria de manifestación del 25S frente al Congreso y ha precisado que estos trámites son normales si el magistrado intuye que puede estar en "vías de delito".
   Finalmente, ha apuntado que en este caso se está haciendo "una investigación normal que se le exige a un juez de instrucción cuando existe apariencia de que se ha podido producir un hecho delictivo".

Los sindicatos policiales afirman que el derecho a manifestarse está perfectamente regulado

MADRID.- Los sindicatos policiales han pedido hoy contención a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y han defendido el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.

Así lo han manifestado los responsables de los sindicatos policiales en referencia a las palabras de Cifuentes, quien ayer consideró necesario "modular" el derecho de manifestación.
No obstante, la delegada ha aclarado hoy que con su propuesta de "abrir un debate" para "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación no ha planteado "una restricción del derecho de reunión o de manifestación".
Tras esas declaraciones, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha valorado que Cifuentes haya matizado su propuesta, pero le ha recordado que el de manifestación es un derecho "fundamental" que "no se tiene que modular ni recortar, sino respetarse y protegerse".
En cualquier caso, Benito cree que abrir un debate como pide la delegada está bien, porque hablar siempre es "positivo y enriquecedor", pero advierte de que una discusión sobre este asunto no debe llegar a la conclusión de limitar el derecho.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP), su secretario general, Ignacio López, tampoco ve necesario regular un derecho que está consagrado en la Constitución y que la ley "modula estupendamente bien".
Son los tribunales los que tienen la capacidad de marcar los límites a las normas, ha dicho López, quien entiende que este momento de conflictividad social no es el más adecuado para plantear recortes a ese derecho constitucional, porque, además, a muchas personas lo único que les queda es el derecho a protestar.
Ha criticado la falta de sensibilidad política de la delegada del Gobierno, a quien, sin embargo, ha agradecido que haya dado "marcha atrás" y a la que ha aconsejado que "no siga por esa vía, y haga un ejercicio de contención porque "bastante tiene con lo que tiene".
Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, también ha recordado que manifestarse es un derecho fundamental y se desarrolla por Ley Orgánica, con lo que la posibilidad de cambiarla "es bastante difícil a nivel legislativo".
Además, el representante de la UFP considera que los problemas de movilidad que genera el derecho de manifestación "tienen que solventarse de alguna otra forma que no sea la restricción de derechos fundamentales".
Giraldo no ve mal que se abra un debate, pero siempre teniendo en cuenta que es un derecho recogido en la Constitución que no debe limitarse y ha pedido a la delegada del Gobierno que explique, o al menos aclare, cuáles son las líneas generales de esa discusión.

Interior asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones

MADRID.- El Ministerio del Interior no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, según han asegurado hoy fuentes de este Departamento.

La posibilidad de modificar esa normativa ha sido planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha aclarado posteriormente que con su propuesta de abrir un debate sobre la modificación de esa ley no propone una restricción del derecho de reunión o de manifestación
Las fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández han asegurado que este Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni que se lo ha planteado, y ha rechazado hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.
Las fuentes citadas se han limitado a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.
Ante ese debate, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

El despilfarro continúa: 200 millones de euros para autopistas que no van a ninguna parte / Asier Martiarena

No hay dinero para becas, ni para ayudas en material y comedor escolar... pero sí que hay 200 millones de euros para rescatar negocios ruinosos como las autopistas y autovías del Estado. Así se desglosa en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde el Ministerio de Fomento dispondrá de esa cifra para otorgar préstamos a las concesionarias de autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de quebrar.
 
En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el pre concurso.

Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.

¿Por qué fracasan las nuevas construcciones y funcionan las antiguas? La respuesta no entraña demasiada dificultad. En los últimos tiempos se han construido carreteras de pago innecesarias. En algunos casos simplemente son trazados paralelos a vías ya existentes y gratuitas como las radiales de Madrid.

Y en otros casos se han elegido trazados que únicamente beneficiaron a los expropiados -rumores sobre favoritismos con amigos y familiares de altos cargos no faltan-.

Pero lo sorprendente es que se ha llegado a construir carreteras que no van a ninguna parte como la autovía A-14. Una autovía fantasma que lleva abierta más de cuatro meses y que no es utilizada por nadie salvo por los curiosos por recorrer los 7 kilómetros de trazado desierto.

La carretera une Alguaire y Almenar (entre ambas apenas 6.000 habitantes) pero ni siquiera sus vecinos la usan porque hay que dar un rodeo enorme para tomarla. La crisis hizo el resto paralizando la construcción de nuevos trazados. De ahí que los 37 millones de euros invertidos hayan servido para hacer una autovía en medio de la nada. Ni va a Lleida -supuesto inicio del recorrido-, ni llega al Valle de Arán -supuesto final-.

El fiscal general Torres-Dulce aboga por regular administrativamente el derecho de manifestación

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

  Torres-Dulce ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
   El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.
   Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".
   Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.
   Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.
   Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero "no demasiado orden".
   Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.
   En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.
   Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
   En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.
   "Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.