martes, 9 de octubre de 2012

Madrid, a la cabeza de las capitales europeas con mayor cantidad de manifestaciones

MADRID.- Casi doscientas manifestaciones al mes, una media de seis al día, alrededor de 1.750 en lo que va de año convierten a Madrid en una de las capitales europeas, junto con Berlín, en las que la pancarta y el silbato han pasado a formar parte ya del trajín diario de la ciudad.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, desde el 1 de enero y hasta el 1 de octubre se han celebrado en la región 2.180 manifestaciones y concentraciones, es decir, 242 al mes. O lo que es lo mismo, ocho al día.

De ellas, 1.730 tuvieron lugar en la capital, lo que significa una media mensual de 192, y diaria de 6. Cifra última que se dispara en jornadas especialmente "calientes", como el pasado viernes, cuando la ciudad acogió 40 de las 43 protestas que la Delegación autorizó en toda la comunidad.

Precisamente, a tenor de estas cifras y de los incidentes que tuvieron lugar en las convocatorias de 25S bajo el lema "Rodea el Congreso", la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abrió esta semana un debate sobre el derecho de manifestación al sugerir la posibilidad de "modularlo".


Un derecho recogido en el artículo 21 de la Constitución y regulado en la Ley Orgánica 9/1983 que para partidos como el PSOE, IU o UPyD, y para algunos sindicatos policiales, está ya perfectamente regulado, aunque el PP es partidario de abrir un debate y ve caminos a explorar para evitar los abusos en ese derecho.


El gobierno, por su parte, ya ha dejado claro que no se plantea modificar la ley y que el Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en esas protestas.


No sólo eso. El artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año para aquellos que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso, el Senado o un parlamento autonómico cuando estén reunidos y se altere su normal funcionamiento.


En otros países de nuestro entorno también se limita el derecho en ese tipo de espacios. Así, en Alemania la ley federal establece una zona de seguridad y exclusión que restringe el derecho de reunión en torno a los organismos constitucionales.


Todas las legislaciones europeas recogen la manifestación como un derecho fundamental. "Todos los alemanes -dice el artículo 8 de la Ley Fundamental de ese país- tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, sin notificación ni permiso previos".


Y todas prevén la posibilidad de prohibir la convocatoria si las autoridades consideran que puede perturbar el orden público o que los motivos invocados son contrarios a la ley.


De todos modos, las prohibiciones son muy raras. Por ejemplo, según ha señalado a Efe un portavoz de la Prefectura de París, en lo que va de año se han prohibido en la capital gala menos de diez manifestaciones, la última de ellas el pasado 29 de septiembre cuando un movimiento de extrema derecha intentó protestar contra "la inmigración, la finanza y los medios".


Pocos días antes, la Prefectura prohibió una protesta ante la Gran Mezquita de París solicitada por un solo individuo contra la película "La inocencia de los musulmanes".


La crisis ha disparado el número de convocatorias en toda Europa. De hecho, el motivo que esgrime la mayor parte de los organizadores a la hora de solicitar permiso es la oposición a los recortes sociales y laborales.


Berlín es una de las ciudades europeas en las que se desarrolla un mayor número de movilizaciones. Según los datos estadísticos de su Policía, el pasado año se convocaron un total de 4.174, de las que 574 fueron marchas de protesta y 3.600 concentraciones.


Roma, según fuentes de su Ayuntamiento, acoge una media de una protesta diaria, que casi siempre parte de plazas tan emblemáticas como la de los Santos Apóstoles, Navona o del Popolo.


Además, desde hace años, la ciudad sufre huelgas en el sector del transporte, a una media de una al mes, que paralizan la ciudad.


Grecia es uno de los países de la UE que más está padeciendo la crisis económica. Aún así, su capital, Atenas, es escenario de la mitad de manifestaciones que se convocan en Madrid, con una media de tres diarias, organizadas en su inmensa mayoría contra la política de austeridad exigida por la troika.


Antes de la crisis, las protestas no eran frecuentes en Portugal. Sin embargo, en los últimos tres años ya se ha celebrado una decena de ellas con una participación superior a las 100.000 personas.


¿Y en las grandes ciudades españolas?. La media también es inferior a Madrid. En Barcelona han tenido lugar este año, hasta el 5 de octubre, 851, con una media de tres al día.


Valencia ha acogido en los nueve primeros meses del año un total de 1.287, lo que supone un incremento del 89,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, y una media de 4,7 diarias.


En ese mismo periodo, las calles de Sevilla han sido escenario de 670 movilizaciones, es decir, de 2,5 diarias. 

La Comunidad alerta por la entrada de aire de África

MADRID.- La Comunidad de Madrid, a través de un comunicado en la web de la consejería de Medio Ambiente alerta de que ha regresado una masa de aire africano a la atmósfera y de que la concentración de polvo puede ser de hasta 40 microgramos por metro cúbico. Este aire está cargado, sobre todo, de cuarzo y arcilla, por lo que aumentarán los niveles de contaminación atmosférica por las partículas en suspensión.

Las partículas (PM-10) en la ciudad de Madrid se mantienen aún en niveles verdes, aunque van en aumento y se espera que crezcan en las siguientes horas. Estas partículas afectan especialmente al aparato respiratorio, pues su alcance suele ser hasta la garganta (el número hace referencia a su tamaño).
Desde Ecologistas en Acción, a través de uno de sus portavoces, alertan de que estas particulas interfieren en el aparato respiratorio de las personas, “aunque por su grosor se quedan en las mucosas”. La directiva europea elimina de sus estadísticas el polvo africano por ser de origen natural. Esta masa de aire puede llegar hasta América a través del Atlántico.

Lissavetzky intuye una relación "causa-efecto" entre la reforma de Sol y las quejas por las manifestaciones

MADRID.- El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, intuye que existe una relación "causa-efecto" entre la preocupación del Consistorio sobre el elevado número de manifestaciones y la remodelación de la Puerta del Sol, lo que a su juicio anteponer intereses de carácter "político" a "la mejora de la ciudad".

   Lissavetzky ha manifestado que a su grupo municipal no le gusta el proyecto de reforma de la Puerta del Sol tanto desde el punto "urbanístico" cono el de "paisaje urbano". Además, ha agregado que "por muchos obstáculos" que se pongan las manifestaciones en Madrid se van a seguir celebrando hasta que no cese la política de recortes del PP.
   El portavoz socialista ha señalado que el proyecto de remodelación de esta zona no responde a un concepto de plaza como "lugar de encuentro de vecinos" ni al carácter "emblemático" de este enclave urbano.
   Tras subrayar que la creación de un quiosco de hostelería con una terraza de 300 metros cuadrados obligaría a un cambio de ordenanza, Lissavetzky entiende que la proliferación de terrazas en Sol parece que responde a crear "una serie de obstáculos".
   "Con terrazas y más terrazas no se consigue mejorar nuestra ciudad, quizás esta reforma tiene que ver con otra cosa", ha agregado el portavoz socialista para recordar que hace poco la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hace pocos días manifestaba su preocupación por el volumen de manifestaciones que se sucedían en Madrid.
   En este sentido, ha considerado "infantil" y "burdo" que no se expresen las razones "reales" de dicha remodelación. "Si lo que se quiere es que no haya manifestaciones que se cambie la política de recortes", ha espetado Lissavetzky.

Las líneas ICO para el sector turístico estarán disponibles la próxima semana

MADRID.- La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha avanzado este martes que las líneas ICO de las que se beneficiará el sector turístico se aprobarán la próxima semana, aunque ha dejado claro que no está prevista ninguna partida destinada al turismo senior para 2013.

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para hablar de los Presupuestos destinados a Turismo en 2013, Borrego explicó que las líneas ICO, ya aprobadas por el Consejo de Ministros en julio, se formalizarán en los próximos días, y se mantendrán las destinadas a innovadores y jóvenes en 2013.
Las líneas de financiación para jóvenes emprendedores del sector y para las empresas turísticas ascienden a 226,44 millones de euros.
Borrego recordó que existe una partida de 128 millones de euros este año para ayudas a la renovación de infraestructuras turísticas, a cuenta del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), no reflejada en los presupuestos para 2013.
Según dijo existe una bolsa de 165 millones de euros disponibles por este concepto --préstamos bonificados destinados a la renovación, modernización y reconversión de destinos turísticos maduros-- para el próximo año que no están consignados en los PGE.
Preguntada por el programa de Turismo Senior, Borrego explicó que pese a no estar prevista ninguna partida en los presupuestos de 2012, se han podido convocar nuevas plazas "contando con destinos, ayuntamientos y el sector privado", de forma que el pasado 2 de octubre ya empezaron a llegar "los primeros turistas".
No obstante, matizó que para el próximo año "no habrá ninguna partida para el turismo senior", ante unos presupuestos marcados por la "austeridad".
Así, Borrego defendió que si las partidas recogidas en los presupuestos "se saben usar" éstas pueden ser "muy eficientes" y contribuir a un sector "clave" para la economía de España.
Turismo cuenta con un presupuesto global de 330,62 millones de euros para 2013, un 24,5% menos que lo presupuestado el año anterior, excluidos algunos conceptos, asciende a 310,68 millones de euros, un 26,2% menos, para adaptarse a la coyuntura actual de consolidación fiscal y a los objetivos de políticas turísticas definidos en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) puesto en marcha por Industria.
Borrego indicó también que se formalizarán convenios con todas las comunidades autónomas con los que se fijarán los planes operativos de las 33 oficinas situadas en el exterior, de las que dijo que se está estudiando una "reestructuración" para "hacerlas más eficaces de acuerdo al mercado".
Por otro lado, la secretaria de Estado de Turismo defendió que el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 "ha dado sus resultados", y destacó los datos "francamente buenos" obtenidos este verano a pesar de que "no hay dinero".
En esta línea, destacó el aumento de un 6,2% del gasto medio por turista, y el aumento de más de un 4% en la entrada de turistas extranjeros hasta agosto, gracias a 28 medidas y 104 "acciones concretas" contempladas en dicho plan, de las que se han puesto en marcha 74, indicó.
"Espero que el año que viene las partidas sean de acuerdo con los datos obtenidos", dijo Borrego, tras apuntar que el sector turístico supone el 12% del empleo nacional. "Lo fundamental es que España se recupere", zanjó.

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/

El tiempo sigue corriendo en contra de Shakira y las familias de Puerta de Hierro, según AI

MADRID.- Unas 300 personas se enfrentan en la zona de Puerta de Hierro, en Madrid, a la llegada del invierno viviendo entre escombros y hacinadas en las pocas viviendas que quedan en pie, y en vehículos, como consecuencia de los desalojos forzosos. El caso de Shakira sigue revistiendo especial urgencia, a juicio de Amnistia Internacional.

Han pasado casi tres meses desde que Shakira G. N. de 6 años sufriese el desalojo forzoso de la vivienda de sus abuelos. Vivía allí después de que el Ayuntamiento de Madrid derrumbase la vivienda de sus padres, en 2011, sin ofrecerles alojamiento alternativo adecuado, sin tiempo para retirar sus pertenencias y según versión de los pobladores, por una orden judicial dirigida contra una tercera persona.

Y han pasado casi tres meses desde que a Shakira le diagnosticasen un tumor cerebral de pronóstico muy grave. Las últimas semanas ha estado hospitalizada. Ante esta situación, el Ayuntamiento no ha ofrecido una solución eficaz y duradera.

Las autoridades locales se comprometieron ante Amnistía Internacional a valorar la situación de los menores, que no han sido realojados en Puerta de Hierro. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida eficaz para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

El cumplimiento de esta obligación es urgente. La llegada del invierno exige que las casi 300 personas que continúan viviendo en el poblado y los 70 menores cuenten con un realojo que les permita ejercer su derecho a un nivel de vida digno. Asimismo, el comienzo del curso escolar y la necesidad de recuperar el rendimiento escolar de los menores, mermado por los impactos de los desalojos, exije una respuesta inmediata de las autoridades.

Hasta la fecha, Shakira y su familia no ha recibido ningún ofrecimiento de realojo adecuado, que al igual que a otros menores, el Ayuntamiento debió haber garantizado.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha reiterado a España que los desalojos deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos. El Ayuntamiento de Madrid no los ha respetado.

De manera urgente, el Ayuntamiento de Madrid debe paralizar todos los desalojos forzosos hasta que no se produzca, entre otras garantías, una valoración de los impactos sobre las personas, algo a lo que el Ayuntamiento se comprometió. Debe cumplir sin dilación la obligación de proporcionar un alojamiento alternativo adecuado a la familia de Shakira y al resto de las familias del poblado de Puerta de Hierro

El diario 'El País' pierde a 149 profesionales por el ERE

MADRID.- Ya se conocen las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 'El País', presentado este martes. El grupo Prisa despedirá a un total de 149 personas para paliar "la grave caída de los ingresos", según las explicaciones dadas el pasado viernes por la empresa, según adelanta 'El Mundo', también en dificultades y con despidos.

Este martes, la compañía ha presentado los documentos relativos a su reducción de plantilla. Según han contado fuentes del comité del diario generalista, 'El País' sufrirá 128 despidos a los que hay que sumar 21 prejubilaciones para mayores de 59 años.
Los profesionales que abandonen el periódico recibirán un total de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades brutas. Además, la plantilla que permanezca en el diario sufirá una reducción del salario fijo del 15%, también según los datos aportados por el comité.
Una vez formalizado el ERE, el periódico da comienzo a una serie de medidas aprobadas en la asamblea de trabajadores celebrada el pasado lunes. En dicha asamblea se autorizó al comité a convocar una huelga desde el 18 hasta el 29 de octubre y desde el 1 hasta el 9 de noviembre.
Los trabajadores también votaron mayoritariamente a favor de emprender una huelga de firmas, que dejarían de aparecer en la publicación a partir de este miércoles.

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.
   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.
   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.
   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.
   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).
   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.
   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).
   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.
   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).

Las CC.AA. que se acojan al FLA podrán endeudarse

MADRID.- Las comunidades autónomas que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al fondo de liquidez autonómico podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de certificados de deuda que se sometan a las leyes alemanas, según la disposición general que acaba de publicar el Ministerio de Economía.

   De esta forma, las comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran al fondo de liquidez sólo podrán endeudarse a través de distintos instrumentos, entre los que se encuentran los certificados de deuda bajo ley alemana, los conocidos como 'schuldschein', instrumentos híbridos entre préstamos y bonos, que se rigen por el ordenamiento jurídico alemán y con plazos de devolución amplios, de entre diez y quince años.
   Pero las comunidades adheridas al fondo de liquidez no sólo podrán financiarse a través de este instrumento, sino que también podrán realizar operaciones de endeudamiento en valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista, o bien instrumentos de financiación a corto plazo, préstamos a largo plazo u otros instrumentos que autorice expresamente la Secretaría General del Tesoro.
   Lo que no podrán hacer es acudir a los mercados para realizar operaciones instrumentadas en valores ni operaciones de crédito en el extranjero y, además, el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la deuda pública del Estado al plazo equivalente.
   En el caso de las operaciones en derivados financieros, Economía prohíbe a las comunidades que se adhieran al fondo de liquidez contratar derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario, derivados donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios, derivados que supongan un diferimiento de la carga financiera o derivados contratados a precios fuera de los precios razonables de mercado.
   Asimismo, la realización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato estándar por el que se recojan los derechos y obligaciones asociadas a estas operaciones, y se prohíben las cláusulas de resolución anticipada de cualquiera de los instrumentos de financiación como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.
   Igualmente, si las comunidades deciden realizar una emisión en divisa distinta del euro, el riesgo cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, cuyo coste se incorporará al coste total de la emisión.
   La resolución del Ministerio de Economía indica que con carácter excepcional se podrán autorizar operaciones de endeudamiento que no se ajusten a estas condiciones, siempre que la comunidad autónoma que lo solicite presente una memoria en la que se detallen las circunstancias extraordinarias de mercado y se justifique que la operación no pone en peligro su solvencia financiera.
   Por último, las regiones que se acojan al fondo de liquidez tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento, y dichas comunicaciones se acompañarán de un certificado del interventor general de la comunidad.