El Ayuntamiento de Leganés intentará "impedir por todas las vías legales" la posible macrofiesta de Diviertt en La Cubierta

LEGANÉS.- El alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), ha asegurado este viernes en rueda de prensa que el Ayuntamiento intentará "impedir por todas las vías legales" la fiesta de Nochevieja Space Fest 2013 en la plaza de toros La Cubierta, que podría estar organizando Diviertt, la empresa de Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta de Halloween del Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes.

   De momento, el regidor ha explicado que este viernes Alcaldía ha remitido un oficio a la empresa concesionaria de La Cubierta, Asuntos Taurinos y Espectáculos SA, para que ofrezca información detallada.

   En el oficio, el alcalde insta al gerente de la compañía, Julio Torres, a que en un plazo de tres días naturales comunique al Consistorio si es cierto" que están organizando una macrofiesta en las instalaciones de La Cubierta, así como que ofrezca información sobre la empresa que prepararía este evento y las condiciones en que se realizaría la cesión.

   Gómez ha argumentado que según el pliego de condiciones de la concesión de la plaza, la sociedad Asuntos Taurinos y Espectáculos debe comunicar al Ayuntamiento si subarrenda el espacio y en qué condiciones lo hace. En este caso, la Administración local "debe saberlo y autorizarlo", según Jesús Gómez.

   El alcalde ha instado a la concesionaria del coso a que además acredite la "solvencia o experiencia" de la empresa organizadora de la fiesta y los "permisos y autorizaciones" de otras administraciones.

   Aunque Gómez ha asegurado que ha intentado contactar con Torres por teléfono y que "no lo cogen", también ha precisado que ahora el Ayuntamiento esperará a recibir los datos solicitados ya que por el momento "no se ha comunicado nada al Ayuntamiento".

   El alcalde, que ha admitido haber tenido conocimiento de la macrofiesta el pasado día 5 con una llamada de un periodista, ha asegurado que el Ayuntamiento "no ha contratado directa o indirectamente" la fiesta al carecer de la propiedad de la plaza.

   Sobre las medidas previstas por el Consistorio, Gómez ha adelantado que comprobará si el plan de protección del coso taurino "está actualizado y en regla".

   Precisamente, en agosto del pasado año la plaza de toros fue clausurada por el Ayuntamiento durante quince días al detectar una inspección "múltiples deficiencias" en materia de seguridad.

   La inspección detectó mangueras de incendios sin presión, una incorrecta ubicación de grupos electrógenos, la ausencia del certificado para la autorización de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios y deficiencias en la instalación eléctrica.

   Entre la actuación del Ayuntamiento figura también, según ha adelantado el primer edil, comprobar si quien organiza tiene la solvencia necesaria. En este caso, ha asegurado que "podría" impedirse la macrofiesta si la empresa organizadora no está al corriente de los pagos con la Seguridad Social.

   Gómez ha explicado también que los técnicos municipales han consultado los Registros de la Comunidad de Madrid para comprobar si se ha inscrito la Space Fest 2013, condición obligatoria siempre que excediese de las doce horas de duración. "No existe comunicación ni petición", ha precisado al respecto.

   En todo caso, y si el evento se celebrase, el primer edil leganense ha adelantado que establecerá un "dispositivo especial" entre Policía local y Nacional para evitar el botellón ya que el entorno de la plaza tiene un aparcamiento y espacio al aire libre del Recinto Ferial.

   "Si se celebra seremos todo lo riguroso y contundentes para que no se celebre botellón", ha apostillado al respecto. En cuanto a la seguridad interior, el 'popular' ha precisado que correspondería al organizador de la fiesta.

   Jesús Gómez ha mostrado su "desacuerdo" con la sociedad Asuntos Taurinos y Espectáculos ante la posible la organización de este evento y ha considerado que "no se ha actuado de buena fe con el Ayuntamiento".

   En este punto, ha aprovechado para recriminar a los gestores de la plaza que organicen espectáculos "poco dignos" como la feria del cáñamo ('Expocannabis') o el festival de cine porno.

Cifuentes pide a la Fiscalía que impidan a Flores organizar la fiesta de Año nuevo en La Cubierta

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido este viernes a la Fiscalía y al juez Eduardo López que impongan medidas cautelares administrativas contra el propietario de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, para impedir que organice la fiesta Space Fest 2013, que tendrá lugar previsiblemente en la Cubierta de Leganés.

   Diviertt suspendió la organización de la macrofiesta de Año Nuevo de 2013 en el recinto Madrid Arena y está buscando una nueva ubicación tras la orden de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de prohibir cualquier evento de este tipo en alguno de los edificios propiedad del Ayuntamiento tras el fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween.

   Flores declaró el pasado 20 de noviembre ante el juez en calidad de imputado. Tras su declaración, se le impuso la obligación de comparecer los días 8 y 24 de cada mes en el Juzgado más próximo a su domicilio. Manos Limpias solicitó entonces que se decretara su ingreso en prisión, una medida a la que se opuso la fiscal del caso al estimar que no se cumplían los requisitos para ello.

   En una entrevista en la cadena Cope, Cifuentes ha señalado que "si algo ha quedado claro hasta el momento" es que el aforo en la fiesta mortal de Halloween "no es que estuviera sobrepasado, sino prácticamente duplicado".

   La delegada ha calificado de "inmoral" que esta empresa "con un evidente ánimo de lucro y que ha sido capaz de poner en riesgo a tantos jóvenes" haya decidido hoy anunciar que exigirá responsabilidades al Ayuntamiento y a la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec) por haberle arrendado, a su juicio, "un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas".

   "Ha habido cinco niñas muertas, que es lo peor de todo, y a pesar de eso todos estos señores --en referencia a los propietarios de Diviertt-- quieren ahora exculparse y echar balones fuera con maniobras procesales que me parecen una absoluta vergüenza", ha añadido.

   Cifuentes ha arremetido contra los hermanos Flores por su "evidente ánimo de lucro para enriquecerse" al intentar organizar una fiesta de música electrónica el 1 de enero previsiblemente en la Cubierta de Leganés, cuando "ambos están imputados y esta empresa tiene deudas con la Hacienda pública y pleitos con otros ayuntamientos".

   "Es una empresa dudosa y en principio responsable de la muerte de estas cinco niñas. Es inmoral e indignante que ahora quieran celebrar una fiesta similar. No puede ser que estos señores hagan una fiesta de similares características al Madrid Arena", ha añadido.

   Por ello, la delegada del Gobierno en Madrid ha anunciado que su departamento está "explorando todas las posibilidades legales" para impedir este macroevento. Sin embargo, ha comentado que la Ley en estos casos "es muy restrictiva" y que la Delegación sólo podría intervenir en el caso en el que se pusiera en peligro a las personas de la fiesta, no con carácter preventivo.

   Por eso, ha insistido como jurista en pedir al juez y a la Fiscalía medidas cautelares para prohibir esta fiesta y ha apuntado que el Ayuntamiento de Leganés ya ha dicho que realizará todas las actuaciones necesarias para que la instalación esté en la mejor condiciones. "De nada sirve que una instalación esté en las mejores si se duplica el aforo, como en el Arena", ha añadido.

   En esta misma línea, Cifuentes ha criticado al propietario de Diviertt por querer "seguir enriqueciéndose a costa de los jóvenes, montando fiestas que ya se ha demostrado en la última ocasión que no estaban en una situación segura, sino que ha habido cinco niñas muertas". Por tanto, ha abogado por impedir que Flores siga organizando fiestas mientras está siendo juzgado. "Es indigno e inmoral", ha concluido.

El PP critica el "esperpento populista" de Gómez por "amparar el acoso a la Cámara"

MADRID.- El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha calificado la actuación el miércoles del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en la Asamblea de Madrid de "esperpento populista y antidemocrático" por "amparar el acoso a la Cámara".

   A juicio del portavoz popular, los diputados socialistas con su líder a la cabeza "protagonizaron uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente al intentar boicotear el Pleno y amparar el acoso de la Cámara regional", que en ese momento discutía los Presupuestos del año 2013.

   "Los continuos gritos e insultos de la bancada socialista, las interrupciones intolerables del Pleno por parte de las personas que PSM e IU invitaron a presenciarlo y la salida de Gómez para hacerse la foto con los manifestantes demuestra que todo estaba orquestado para obstaculizar el desarrollo normal de la sesión", ha comentado Henríquez de Luna.

   Además, ha señalado que Gómez vive "una realidad virtual y se sigue creyendo 'Invictus'" y le ha reprochado que el miércoles "se inventó una presunta carga policial ante la cual él aparecía como el héroe, lo que es sencillamente patético y ridículo".

   "Quien no es capaz de entender que en Democracia los Parlamentos no se asedian, entre otras cosas porque constituye un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, está inhabilitado para presentarse como alternativa política a ningún Gobierno democrático", ha continuado el portavoz 'popular'.

   Por todo ello, Henriquez de Luna ha anunciado que, "dada la gravedad de los hechos", en la próxima Junta de Portavoces el Grupo Parlamentario Popular exigirá responsabilidades políticas a Gómez por su "actitud antidemocrática".

   Frente al "acto gravísimo contra la Democracia" protagonizado por Tomás Gómez, el portavoz del PP en el Parlamento regional ha destacado la actitud de la Policía, "cuya actitud fue ejemplar y gracias a ella el Pleno pudo culminarse".

Profesionales de la sanidad crean un 'comité profesional' para exigir la paralización de las medidas

MADRID.- Colectivos de profesionales médicos y de enfermería han creado un denominado un 'comité coordinador profesional' para solicitar a la Consejería de Sanidad "la paralización" del denominado 'Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público' de la Comunidad de Madrid y articular medidas alternativas de eficiencia del gasto con "calidad y equidad.

   Con esta figura y en un "intento de reconducir la grave situación generada" en el colectivo sanitario tras la presentación de este plan, estos colectivos y entidades reivindican también la creación de una o varias mesas técnicas conjuntas para articular un conjunto de medidas que permite compatibilizar el cumplimiento del "límite presupuestario con el mantenimiento de la calidad y la equidad del sistema sanitario en el tiempo".

   La profesión médica madrileña "en bloque", representada por los jefes de servicio de todos los hospitales, los coordinadores de los planes estratégicos de las diferentes especialidades, representantes de sociedades científicas médicas, los directores de centros de Atención Primaria, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, junto con el resto de profesiones sanitarias, entre ellas, la Enfermería representada por el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de Madrid reclaman con esta figura la paralización de estas medidas, según exponen en un comunicado conjunto estas organizaciones.

   Por tanto, estos colectivos profesionales reiteran que, en este momento de "grave crisis económica su compromiso" con la salud de los pacientes y con la propia Consejería, y manifiestan "su disposición renovada a implicarse en la gestión y toma de decisiones profesionales, cuya máxima responsabilidad, sin duda alguna, es del propio profesional, y no de terceros".

Clausuradas las dos escombreras más grandes de la región

MADRID.- La Comunidad de Madrid y la Guardia Civil, en un operativo conjunto, han clausurado en la Cañada Real Galiana las dos mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolición (RCD) que existían en la región.

   Este operativo se enmarca en el convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid para la protección medioambiental de la región, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

   Las investigaciones efectuadas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los agentes ambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio permitieron constatar cómo en la zona de la Cañada Real se asentaban dos empresas que a pesar de haber sido denunciadas en varias ocasiones continuaban con su actividad ilegal, recibiendo a los transportistas en el interior de una nave, donde se les permitía dejar los escombros, que tras el correspondiente cobro eran almacenados.

   Cuando se quedaban sin espacio físico, y después de recuperar aquellas fracciones de residuos que tienen más valor (metal, madera) sacaban los escombros fuera mediante camiones, actividad que realizaban durante la noche, deshaciéndose de los residuos en distintos puntos próximos y adyacentes a la Cañada Real.

   De forma paralela al cierre, la Guardia Civil ha intensificado su presencia en la zona para controlar e impedir que los camiones que lleguen hasta allí con los residuos puedan verter en dichas instalaciones o en zonas próximas.

   Por su parte, la Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de inspección a través de los agentes ambientales para controlar la producción de estos residuos de construcción y demolición en las mismas obras. Se van a inspeccionar las grandes obras con el fin de controlar que el productor de los residuos los gestiona adecuadamente, y a la vez concienciarle de su responsabilidad en el destino final de los mismos.

   El productor de RCD en estos casos debe tener un plan de gestión y debe conocer dónde tienen su destino final, en cumplimiento de la normativa, responsabilizándose de ello.

   Desde el año 2007 hasta la actualidad, la Comunidad de Madrid ha efectuado más de 580 inspecciones relacionadas con la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). El 72% de estas actuaciones estaban planificadas en los Programas de Inspección Ambiental de la Comunidad, de carácter anual, mientras que el resto de inspecciones estuvieron motivadas por denuncias.

   Además de las labores propias de los cuerpos de inspección ambiental de la Comunidad, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirige Borja Sarasola, se recibe un gran volumen de denuncias en materia de RCD formuladas por las policías locales y por el Seprona de la Guardia Civil, ha informado la Consejería.

   Como consecuencia de ello, en este periodo se han tramitado una media anual de unos 380 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la mala gestión de esos residuos. Entre ellos, destacan por su magnitud los procedimientos sancionadores iniciados contra vertederos e instalaciones ilegales de recuperación de RCD.

   Se han dictado 13 órdenes de suspensión inmediata de la actividad en otros tantos vertederos e instalaciones ilegales, y se han resuelto 40 expedientes sancionadores con multas cuya cuantía está comprendida entre 25.000 y 600.000 euros.

   La cantidad total impuesta en concepto de multa en los procedimientos resueltos contra vertederos e instalaciones ilegales de RCD es de 4,7 millones de euros. El resto de expedientes sancionadores se corresponde con vertidos de RCD de menor magnitud y con el transporte ilegal de dichos residuos.

   Pese a las enormes dificultades que entraña perseguir los vertidos ilegales por su carácter clandestino, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se han llevado a cabo diferentes actuaciones para reducir esta mala praxis, dañina para el medio pese a tratarse de residuos no peligrosos. Además, impide el aprovechamiento de los recursos contenidos en los recursos y perjudica a las plantas de reciclado autorizadas por la Consejería por ejercer una competencia desleal.

   En la región existen 13 instalaciones dedicadas en exclusividad al reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública situados en Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal y Arganda del Rey. Situados en distintos puntos de la Comunidad para abarcar toda su geografía de manera más ágil, la capacidad total de tratamiento de las citadas instalaciones asciende a casi 6 millones de toneladas al año. Por su parte, la capacidad de depósito llega hasta los 25,5 millones de metros cúbicos.

   Todo ello se complementa con otros 14 centros autorizados, de iniciativa tanto pública como privada, que tienen como función el almacenamiento y la clasificación de los residuos generados en las labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior reciclaje. Así pues, en la Comunidad de Madrid hay un total de 27 instalaciones autorizadas para el almacenamiento, la clasificación, el reciclaje o, cuando lo anterior no es posible, la eliminación de este tipo de material.

   A todas estas acciones de vigilancia, inspección y control hay que sumar el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para recuperar los espacios que antes estuvieron destinados al vertido de este tipo de residuos. Así, desde el año 2006 el Gobierno regional ha clausurado y restaurado 74 vertederos de residuos inertes, con una inversión en torno a los 10 millones de euros, destinada a integrar estos puntos en su entorno y a mejorar los equipamientos dotacionales.

Diviertt responsabiliza a Madridec por arrendarle un recinto sin condiciones

MADRID.- La empresa Diviertt exige "responsabilidades" al Ayuntamiento y a la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec) por haberle arrendado "un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas".

   Así, la empresa que dirige Miguel Ángel Flores ha anunciado este viernes a través de un comunicado que "reclamará por considerar que se le ha arrendado un recinto que debería haber sido precintado y clausurado".

   "Diviertt ha arrendado este espacio hasta la fecha en múltiples ocasiones confiando en que reunía las condiciones adecuadas para albergar sus eventos y, por supuesto, ignoraba las graves deficiencias técnicas y urbanísticas y, en consecuencia, de seguridad que tenía el recinto", han añadido en el comunicado.

   En este punto defienden que Diviertt es "una empresa sólida y responsable que jamás hubiera puesto en riesgo voluntariamente, con fines económicos ni de otro tipo, ni la vida ni la salud de sus clientes".

   Por todo ello ha manifestado su "total repulsa por el hecho de que se le haya estado arrendando de forma continuada un recinto que no reunía las condiciones adecuadas, así como su indignación ante las continuas incriminaciones públicas de responsables municipales y ante las acusaciones que se vienen realizando contra ella desde el Consistorio madrileño".

   También han apuntado que a la empresa promotora se le impuso el servicio de seguridad por parte de Madridec. "Así, Seguriber era, en virtud de la contrata vigente, la empresa responsable de garantizar la seguridad interna y externa del recinto, como acredit n los pliegos que regulan las relaciones jurídicas de dicha contratación".

    "Diviertt ni siquiera ha contratado a la empresa de seguridad Seguriber directamente, sino que ha abonado la factura correspondiente a estos servicios, que Madridec extendió en su día por este concepto", han destacado.

   Por último, la empresa de Flores niega cualquier vinculación con lo acontecido en el parking anexo al recinto, del que dice que no le

fue arrendado, y "en el que se autorizó por Madridec el estacionamiento por 10 euros y donde se consintió la celebración de un botellón durante varias horas".

   Diviertt matiza que la relación comercial con el Ayuntamiento de Madrid "no es, tal y como ha declarado la alcaldesa, Ana Botella, de promotor contratado para la organización de la fiesta de Halloween".

   En este punto apostilla que fue Diviertt "quien contrató un recinto para albergar en él una de las fiestas que organiza y no al revés". Recuerdan además que el contrato se firmó con Madridec y no con el Ayuntamiento.

Los autobuses de línea podrán pedir una subida extraordinaria del billete

MADRID.- Las empresas de autobuses que prestan servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera podrán solicitar "de forma individual" al Ministerio de Fomento realizar una subida extraordinaria del precio del billete en caso de que la línea que explotan en concesión presente un desequilibrio económico.

   Así lo recoge el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) aprobado este viernes en Consejo de Ministros, y que ahora emprende su tramitación parlamentaria.

   Con la modificación de esta Ley, el Ejecutivo busca optimizar la competitividad y la eficiencia del sector y sus empresas, mejorar el servicio público de transporte e introducir una mayor transparencia y control, según destacó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   En la misma línea, Pastor garantizó que no se traducirá en un aumento del precio de los billetes de los autobuses de línea el canon anual que, en virtud de esta nueva Ley, Fomento cobrará a las empresas de autobuses que las explotan. Según aseguró, la Administración seguirá fijando las tarifas máximas.

   "El establecimiento de un canon no subirá el precio del billete, pero aumentará la eficiencia del servicio, dado que se buscará aumentar el volumen de recaudación de recursos", argumentó la ministra.

   El cobro de este canon se introducirá así en las 47 concesiones de transporte de viajeros por carretera que Fomento calcula se renovarán en 2013, casi la mitad del total de 101 que actualmente mantiene. Con estos servicios se atienden a 3.330 poblaciones y se transportan 36 millones de viajeros al año.

   Según explicó la ministra, serán las empresas las que indiquen el canon a pagar en las ofertas que presenten para hacerse con la concesión, de forma que será "un elemento determinante para su adjudicación".

   Pastor defendió el sistema de explotación de líneas de transporte de viajeros en autobús en régimen de concesión, al asegurar que, además de no requerir subvención pública alguna, garantiza la cohesión territorial, la capilaridad y la accesibilidad y movilidad de los ciudadanos, "todo ellos a un precio muy competitivo".

   Entre el resto de novedades que introduce la nueva LOTT en cuanto a las concesiones de líneas regulares destaca la limitación de los plazos de concesión a un máximo de diez años, frente hasta noventa que se alargaban algunos casos actualmente.

   También sobresale la posibilidad de realizar transportes combinados, por ejemplo de trabajadores y escolares. Además, obliga a los concesionarios a inscribir los contratos en el registro para así mejorar su transparencia.

   En cuanto a los servicios de transporte de viajeros en autobús que no sean concesiones administrativas, se suprime la tarifa mínima del servicio que hasta ahora fijaba el Gobierno.

   En virtud de esta modificación de la LOTT, se reducen también las cargas administrativas para las empresas del sector, de forma que permite obtener una licencia (que será única para todos los servicios) en una hora, se refuerza el marco legal para impedir el intrusismo y se amplían las posibilidades de recurrir a las juntas arbitrales para solventar conflictos.

   En materia de sanciones, se podrá reducir en un 30% la cuantía de las mismas por pronto pago, al igual que ocurre con las multas de tráfico.

   El sector del transporte por carretera está integrado por 3.625 empresas, en cuanto a tráfico de viajeros se refiere, que suman 42.000 vehículos. El subsector de transporte de mercancías lo conforman 104.500 empresas y medio millón de vehículos. Se trata de un sector "muy atomizado", dado que más de la mitad (el 53%) de las empresas tienen un sólo vehículo.