domingo, 6 de enero de 2013

El canario Rivero pide mayor flexibilidad en el objetivo del déficit

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido al Estado que permita una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos del déficit, pues así se ampliaría el margen de maniobra de las administraciones que financian los servicios básicos y permitiría a las comunidades multiplicar sus políticas de crecimiento y empleo.

   En relación a los topes de déficit para 2013, Rivero ha recordado hoy en su blog que ya el pasado mes de agosto calificó de "incomprensible" que el Gobierno reservara para el Estado un 3,8% con respecto al PIB y un 0,7% para las comunidades autónomas, lo que considera un criterio "irracional e injusto", dado que el 60% del gasto de las administraciones públicas lo gestionan las autonomías.
   En este sentido, ha criticado que el Gobierno "suplique" a Bruselas una flexibilización en los criterios del déficit cuando se lo niega a las comunidades autónomas, sobre todo cuando el PP "culpa con una mano a las CCAA de la crisis y, con la otra, asfixia financieramente a quienes están prestando los servicios públicos esenciales".
   Paulino Rivero ve "injusto" que se señale a las autonomías como las causantes de la crisis y que no se reconozca el esfuerzo que están haciendo por contribuir a la estabilidad presupuestaria", remarcó.
   Esto ha conducido al Gobierno autonómico a trasladar a Hacienda datos que garantizan que el archipiélago no incurrirá en desviación y cumplirá con el objetivo del déficit, pues el pasado jueves el Ministerio publicó un informe en el que advertía que siete regiones españolas presentaban riesgo de desviación, entre ellas Canarias.
   El mandatario canario ha lamentado que la "seriedad y el rigor financiero" de la Comunidad Autónoma no haya tenido respuesta por parte del Gobierno de España. Por ello, opina que el Estado debe reconocer el papel de las CCAA y su esfuerzo en la contención del gasto a través de la flexibilización del déficit.
   "Sería la mejor manera de lanzar un mensaje de confianza sobre las cuentas del Estado y de lealtad institucional entre las administraciones públicas, hoy en día bastante mal paradas en la opinión pública por culpa del discurso partidista e irresponsable del PP", defendió.
   Rivero ha hecho hincapié en que la cooperación de todos los gobiernos --nacional y autonómicos-- permitirá "dar una respuesta debida a las demandas de la ciudadanía y se podrán encarar los graves problemas planteados".
   Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que las comunidades podrían hacer "muchísimo" si el cumplimiento del déficit se rebajase algunas décimas. "Sólo de esa manera se podrían atender situaciones que son prácticamente inabordables y que están obligando a hacer enormes sacrificios", apostilló.
   Desde su punto de vista, el Gobierno debe atender esta reclamación por "una cuestión de justicia, de equilibrio y de solidaridad".
 "Cualquier otra cosa será entendida como un nuevo episodio en la ofensiva recentralizadora del PP para hacer añicos el Estado de las Autonomías, precisamente el modelo que ha permitido a España su período de mayor progreso", agregó.

La FEMP negocia incluir a los Ayuntamientos en los primeros puestos de la relación de pagos del nuevo FLA

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno están manteniendo conversaciones para que en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013 los Ayuntamientos aparezcan en los "primeros puestos" de la relación de pagos que las Comunidades Autónomas deben realizar con el dinero que reciban de dicho fondo.

   Así lo ha confirmado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien asimismo se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que finalmente el Gobierno opte por esta fórmula para facilitar que las CCCA salden sus deudas con los Ayuntamientos.
   "El Gobierno está siendo muy receptivo de cara a establecer esa nueva relación de gastos con cargo al FLA, al considerar que existe una cuestión de justicia ligada a eso", ha asegurado, para recordar que los Ayuntamiento son "uno de los grandes proveedores de determinados servicios de las Comunidades Autónomas".
   Según De la Serna, este cambio es necesario porque el hecho de que en el anterior Fondo de Liquidez los Ayuntamientos aparecieran "en último lugar" provocó que el dinero solicitado por las Comunidades no fuera suficiente para hacer frente a sus deudas con los municipios, que "en su conjunto" rondan ya, tal y como ha estimado el presidente de la FEMP, los 2.000 millones de euros.  
   "El problema no era tanto el volumen o el importe que el Gobierno ponía a disposición de las Comunidades Autónomas, sino que las Comunidades habían solicitado importes por valores inferiores, y que al haber una lista con una relación numerada, nos habíamos quedado fuera", ha explicado.
   Aunque De la Serna ha matizado que todavía no tienen la confirmación de que esta vaya a ser la fórmula elegida para garantizar que parte del dinero que reciban las CCAA del FLA lo dediquen a pagar sus deudas con los Ayuntamientos, sí ha reconocido que "el Gobierno está siendo dialogante" y que espera que esto sea así.
   "Hay que poner de ejemplo la actitud que está manteniendo este Gobierno  de dialogo en todas estas cuestiones y reformas. Está siendo muy receptivo con este clamor de los municipios, porque lo que ocurre es que muchos no pueden pagar a sus proveedores al no tener esas deudas pagas", ha alabado.

El Gobierno tendrá listo un plan en junio para mejorar la imagen de los políticos

MADRID.- El Ejecutivo español de Mariano Rajoy dice que dispondrá antes del verano de una estrategia de regeneración democrática que impulsará la transparencia y el Gobierno 'abierto', fomentará la participación ciudadana en la tramitación de las leyes y más contactos entre parlamentarios y electores, acometerá una simplificación normativa y revisará el actual plan de derechos humanos.

   El objetivo es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente".
   "Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", ha declarado el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que lleva varios meses trabajando en propuestas que permitan 'reconciliar' a los ciudadanos con la clase política, que ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
   En este sentido, Pendás ha explicado que lo que se persigue es "acercar la sociedad a los políticos y que se rompa esa imagen de la clase política un poco distante y que es ajena a las realidades".  También es clave, ha proseguido, "la idea de democracia eficiente" porque la gente "lo que quiere es que los políticos les resuelvan problemas reales y no que les creen problemas artificiales".
   La primera iniciativa en esta materia que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya está en trámite parlamentario en el Congreso, donde se escuchará a expertos en la materia. Pendás considera que esta norma constituye "un cambio en la cultura democrática enorme".
 "Es un cambio decisivo para que los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto, a estar un poco a disposición de los ciudadanos en ese terreno", ha añadido.
   Para fomentar la participación democrática, el director del CEPC ha revelado que otra de las propuestas en la que están trabajando es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según ha precisado, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".
   Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años".
 "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", ha dicho, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.
   Otro de los puntos de esta estrategia, ha explicado Pendás, consiste en "mejorar la calidad de las leyes", ya que hay "un clamor" tanto en el ámbito jurídico como en sector empresarial e inversor de que en España hay un "ordenamiento muy complicado y disperso", con una legislación "a veces confusa y contradictoria" porque en ocasiones no se derogan leyes y no se sabe muy bien qué es lo que está en vigor.
   Con el fin de tener un ordenamiento "más claro y sencillo", ha señalado que presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no".
 "Es una tarea muy compleja pero imprescindible, que está en línea con lo que la UE se llama 'better regulation' y eso se ha descuidado mucho en España", ha aseverado.
   El director del CEPC ha indicado que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos"
 "Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran", ha aclarado.
   Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet. En este punto, Pendás ha destacado que hay que analizar aspectos relacionadas con la ponderación de la intimidad y la información, el respecto a colectivos especialmente vulnerables como la infancia y la juventud, o la discapacidad.
   "Estoy empezando a reunir a grupos de expertos en esa materia y estamos sobre todo pensando en los estándares de la UE, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha avanzado el director del CEPC, que ha confirmado que este plan estará listo "antes del verano". Una vez terminado se remitirá al Gobierno para que lo apruebe en Consejo de Ministros y después lo remita al Congreso.
   De acuerdo con el calendario que maneja el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el objetivo es que todas estas propuestas que componen la estrategia de regeneración democrática puedan estar en manos del Gobierno antes del verano. "La idea en general es que todos estos encargos estén listos para el próximo verano, para mayo o junio", ha manifestado Pendás.
   El director del CEPC, que ha recordado que hay abierto un proceso de reforma del Senado impulsado por la propia Cámara, ha manifestado que se trata de "una pieza fundamental del sistema".
 "Prácticamente ningún país importante del mundo tiene una sola Cámara. Algo parecido al Senado lo hay en todas partes y creo que la idea de suprimirlo no tiene ningún sentido.  Tiene una función que cumplir, pero probablemente se tienen que potenciar sus funciones y no solo las territoriales", ha declarado.
   Sobre la reforma del sistema electoral español que demandan los partidos más pequeños alegando que la Ley D'Hondt les perjudica, Pendás se ha mostrado partidario de esta norma  porque "ha producido en España gobiernos de todo tipo, por mayorías absolutas y relativas tanto del PP como del PSOE". A su entender, las reglas de juego "son iguales  para todos" y si un partido minoritario "trabaja mucho y bien, pues pasa a ser mayoritario".  
   "Lo que no podemos permitirnos en una situación como la actual son parlamentos inestables y atomizados. El sistema proporcional puro aparentemente hace una radiografía mejor de la sociedad pero luego produce Parlamentos ingobernables y la historia del parlamentarismo está plagada de ejemplos en ese sentido", ha concluido.

Las administraciones públicas tienen 10.200 contratos de luz con recargos del 20%

MADRID.- Las administraciones públicas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre.

   Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo TUR.
   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último recurso.
   No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.
   La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432 son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732 pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.
   Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636 consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de consumidores.
   El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el servicio eléctrico.
   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de euros.
   A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada año.