jueves, 9 de mayo de 2013

La cúpula de la Policía Municipal negó refuerzos para el Madrid Arena

MADRID.-   La responsable de la Policía Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid y encargada del dispositivo de la fiesta del Madrid Arena, Cándida Jiménez, ha manifestado durante su declaración que sus superiores le negaron los refuerzos que solicitó antes de la trágica fiesta y ha aseverado que nunca recibió la orden de cambio de nivel de riesgo, tal y como manifestó en su día el inspector jefe de la Policía municipal, Emilio Monteagudo.

   Así lo han manifestado los abogados Abdón Ñúñez, que defiende a la familia de Belén Langdon, y el letrado Luis Rodríguez Ramos, que representa al Ayuntamiento de Madrid, en uno de los recesos de la declaración judicial y tras concluir la misma. Rodríguez Ramos ha criticado que se esté desviando la instrucción a una especie de "auditoria de la gestión" de la Policía municipal, lo que está demorando el procedimiento penal.
   Jiménez ha comparecido en calidad de testigo para aclarar algunos aspectos del dispositivo policial que esa noche se desplegó para cubrir el evento y que se limitó a doce agentes y un cabo. Según los letrados, la oficial se habría quejado del "vacío" que le hacen al no llamar la para las reuniones y que se sentía "presionada".
   Según los abogados, Jiménez habría explicado que el 29 de octubre se recibió un oficio del Ayuntamiento de Madrid en el que se comunicaba que debían ocuparse de la seguridad del evento, un extremo que consideró un error porque en otros eventos similares se ocupaba la Unidad de Medio Ambiente de la Policía de la Casa de Campo y no los agentes de su distrito.
   De este modo, esperó hasta el 31 de octubre, la misma mañana de la fiesta, para ratificar el oficio ante su jefe, el subinspector de la Inspección Territorial I, Emilio Rodríguez Corral. Según su testimonio, éste le habría manifestado entonces que "se les había pasado" esa previsión para organizar el dispositivo. "Es lamentable, pero nadie de la Policía preparó un operativo adecuado. Se les pasó, ha apostillado Abdón Núñez.
   "El día 31 llamó y dijo que si era un error. Esa omisión yo la veo básica, pero intrascendente a su vez para lo que acaeció la madrugada del día 1 --de noviembre--", ha destacado el abogado Rodríguez Ramos y ha indicado que la exconcejala delegada de Seguridad Fátima Núñez, que comparecerá el próximo 23 de mayo, aclarará "absolutamente todo lo que esté a su alcance" .
   "Ella quería que hubiera más gente disponible, pero le dijeron que se las arreglara como pudiera", ha aseverado el abogado del Consistorio madrileño en relación a los refuerzos que Jiménez habría solicitado antes de que comenzara el evento.
   En este punto, el letrado de la familia Langdon ha apuntado que los refuerzos se pidieron incluso durante la fiesta, negándoselo igualmente su superior directo. "Pensaba que se necesitaban al menos 50 ó 60 agentes. Por lo menos, unos 20 de paisano para desarticular el botellón", ha indicado el abogado.
   Asimismo, Jiménez habría detallado un episodio de uno de los momentos en los que estaba en el pabellón cuando observó alrededor de las 2.30 horas que entraba mucha gente en el recinto. En ese momento se cruzó con Rafael Pastor, el jefe de seguridad de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) quien le comentó que no pasaba nada, ya que el aforo no se había sobrepasado.
   En este punto, Rodríguez Ramos ha destacado que "el hecho de que hubiera más o menos policías no influyó" en la tragedia. "No recibieron requerimiento alguno para entrar en el recinto para ver qué pasaba. Y ella tenía capacidad para pedir más refuerzos", ha señalado.
   A la salida de los juzgados, el letrado ha aprovechado para criticar que se esté desviando la atención en la instrucción. "Con todos mis respetos a las acusaciones, con esta auditoria de gestión sobre la policía, se está distrayendo la atención de lo que pasó de verdad la madrugada del día 1. Se debe de investigar cuál fue la causa de esas muerte, quien generó el riesgo y cómo se podría haber evitado", ha aseverado.
   El abogado ha tachado de "aberrante" el hecho de seguir "esta línea de poner en la picota a la policía municipal y a sus mandos".
 "Esta mujer parece que no se lleva muy bien con sus mandos. Lo único claro fue la orden que recibió el 29 por la tarde", ha dicho.
   En cuanto al cambio de nivel de riesgo del evento, la jefa policial habría manifestado que nunca recibió ni verbal ni por escrito la orden de cambio de nivel de riesgo, tal y como manifestó en su declaración Emilio Monteagudo.
   "El documento del 6 de noviembre --en el que consta el cambio de nivel-- es un invento de la Policía Municipal porque no hubo cambio de nivel. Solo hubo doce agentes y un cabo. No hubo mando ", ha aseverado Núñez en alusión al documento firmado por Gerardo del Rey y ha criticado que se haya montado "una película" alrededor de este asunto.
   Antes de que comenzara la declaración, el abogado ha adelantado que solicitarán al juez que abra una pieza separada para investigar la supuesta falsificación de los documentos citados en relación al cambio de nivel.
   Fuentes municipales explicaron hace unos días que Cándida fue informada formalmente y por escrito el 29 de octubre y dos días después, el 31, a través de una llamada telefónica de un superior, que le comunicó que se elevaba el nivel de seguridad, pasando de medio a alto.
   Así lo confirmó el portavoz del Gobierno municipal y delegado de Seguridad, Enrique Núñez, después de que un policía municipal, que hizo las veces de chofer de Jiménez, declarara ante el juez que instruye la causa que a alguien "se le pasó" avisar a la persona al mando esa noche, la responsable policial de Moncloa, de que la fiesta se iba a producir y por eso tuvo que "improvisar".
   Núñez recordó que, además del fax enviado el 26 de octubre por Madridec a Jiménez, que fue remitido al juez y que consta en el informe público del Ayuntamiento (documento 23) con hora y minuto, esta responsable policial recibió una notificación el día 29 para qué formalizase la orden de servicio de cara a esa a noche, es decir, para que planificase el servicio en el Madrid Arena.
   Entonces el evento estaba tipificado como de nivel medio. Dos días después, el 31, el subinspector del Distrito I elevó el nivel pasando a alto. Lo hizo mediante una llamada telefónica a Cándida Jiménez, como ha explicado el delegado.

Casi 600 accionistas de Bankia reclaman la responsabilidad patrimonial del Banco de España

MADRID.- Casi 600 accionistas de Bankia han presentado por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España por no haber realizado de forma efectiva su labor de supervisión y regulación en el proceso de fusión de la entidad financiera y su posterior salida a Bolsa, empeñándose en "una estrategia equivocada", lo que provocó graves perjuicios económicos a los demandantes.

   Según informó el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, encargado de la reclamación, ésta se extiende también de forma solidaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por no haber sido nada cuidadosa en la "exigencia de requisitos elementales para una salida a Bolsa", y al Ministerio de Economía por ser incapaz de "calibrar el devastador efecto de las políticas públicas de estabilización financiera".
   En el escrito presentado se solicita la comparecencia de, entre otros, Rodrigo Rato, expresidente de BFA y Bankia; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; Julio Segura Sánchez, expresidente de la CNMV, y Javier Aríztegui, exsubgobernador del Banco de España y expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   En concreto, el despacho presentó este miércoles la reclamación de responsabilidad patrimonial de 29 pequeños accionistas de la entidad bancaria que vendieron sus participaciones "con ocasión del colapso y nacionalización de Bankia" con la intención de, como los hechos posteriores han demostrado con creces, "minimizar sus pérdidas".
   Además, a finales de este mismo mes Cremades & Calvo-Sotelo presentará otra reclamación ante los mismos actores en representación en este caso de un grupo de 565 afectados de la salida a Bolsa de Bankia y que aún poseen las acciones que compraron en su momento.
   Para los reclamantes, la salida a Bolsa de Bankia es el "precipitado final de un conjunto de decisiones torpes adoptadas por los gestores de la entidad, que se vieron arropados, jaleados e incentivados por unos supervisores financieros empeñados en una estrategia equivocada en relación con el proceso de saneamiento y rescate".
   Asimismo, los reclamantes entienden que la misma creación de Bankia "constituye una equivocación sin precedentes", al incrementar exponencialmente el riesgo sistémico de la entidad "conforme se agregaban cajas de ahorro por sí mismas inviables".
   De esta manera, los afectados consideran que la fusión de Bankia y su rápida salida a cotización se realizó sin las garantías de control e información exigibles a los tres órganos supervisores, que, en lugar de cumplir su función, generaron "una apariencia de credibilidad, de solvencia" de la entidad ante los clientes habituales, la gran mayoría depositantes y cuentacorrentistas, que no se ajustaba a la realidad.
   Además, se destaca el "especial cuidado en el ejercicio de sus competencias" que deberían haber tenido los supervisores financieros al tratarse de un caso en el que las "asimetrías informativas" entre el vendedor, Bankia, y los compradores, muchos de ellos pequeños ahorradores, eran más que notables.
   La reclamación detalla que, en "caso de que no sea posible determinar el grado de participación de cada una" de las tres Administraciones públicas "en la causación del daño", se reclamará "la responsabilidad solidaria de todas ellas frente a los perjudicados".

Las grandes constructoras descartan un rescate de las autopistas en problemas

MADRID.- La patronal de grandes constructoras Seopan descarta que el Estado tenga que rescatar a la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según indicó el presidente de la asociación, Julián Núñez.

   Núñez indicó que el sector "dialoga" actualmente con el Gobierno sobre las "alternativas" que el Ejecutivo ha planteado para solventar la situación que atraviesan estas vías.
   "No hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas", detalló Núñez en declaraciones a TVE.
   Según distintas fuentes del sector, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública que se encargará de la decena de vías en problemas. Las actuales concesionarias de estas infraestructuras de pago tomarían un 20% del capital de la sociedad, que el Departamento que dirige Ana Pastor valora en 608 millones de euros.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   El presidente de Seopan achaca su situación fundamentalmente al sobrecoste por expropiaciones que afrontaron durante su construcción. Según detalló, las radiales de Madrid contaban con un presupuesto de 400 millones para hacerse con estos terrenos, que posteriormente se multiplicó por seis, hasta sumar 1.800 millones, por resoluciones judiciales que otorgaban un mayor valor a los suelos.
   Por otro lado, Julián Núñez achacó al actual sistema de contratación de obras públicas, que fomenta que las empresas compitan presentando ofertas económicas a la baja, los sobrecostes que posteriormente registra la construcción de determinadas infraestructuras, como ha sido el caso del AVE a Barcelona.
   Según sus datos, las ofertas que se presentan a concursos de obras presentan una baja media del 26% sobre el presupuesto de licitación. "Cuando se contrata una obra por debajo del presupuesto estimado por la Administración se da lugar a que, posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se tenga que modificar", explicó. "Nadie hace una obra a la mitad del precio que estima la Administración", añadió.
   Asimismo, el presidente de Seopan rechazó que en España se hayan construido muchas infraestructuras "accesorias". Núñez estima en unos 1.500 millones la inversión empleada en este tipo de dotaciones, "el dos por mil de los 600.000 millones de euros invertidos en infraestructuras en el país durante los veinte últimos años".
   "Decir lo contrario es anteponer una anécdota sobre la relevancia de un sector de trayectoria ejemplar", aseveró el presidente de Seopan.