lunes, 23 de diciembre de 2013

Unos 587 empleados se adhieren al ERE voluntario de Metro de Madrid

MADRID.- Un total de 587 empleados se han adherido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario de Metro de Madrid planteado para reducir masa salarial en la empresa, según han indicado fuentes del suburbano.

   Por su parte, desde los sindicatos han señalado que se podría añadir a esta cifra final registrada en el recuento de ayer otros dos trabajadores más que no lo hicieron en plazo pero que podrían tenerse en cuenta si justifican los motivos.
   El plazo para acogerse a este proceso de bajas incentivas, que está relacionado con el preacuerdo del convenio colectivo que se alcanzó el 13 de diciembre, se inició el martes y terminó el domingo por la tarde.
   Al respecto, fuentes sindicales estiman que, para cerrar el acuerdo, se requería un mínimo de 500 trabajadores y un máximo de 700. En este sentido, detallan que el volumen de empleados acogidos ya al ERE voluntario supera el mínimo establecido y servirá para rubricar el acuerdo.
   Por ello, los sindicatos con representación en Metro entienden que antes de que finalice el año podría firmarse el convenio colectivo y empezar 2014 con el nuevo marco laboral.
   En el preacuerdo alcanzado entre Metro y los sindicatos sobre el convenio colectivo en noviembre se estipulaba la puesta en marcha del ERE de carácter voluntario que permitirá una reducción de masa salarial a la compañía durante 2013 y 2014 y 2015 de 47 millones de euros. Además, se alcanzará un ahorro de más de 119 millones hasta 2020.
   Metro explica que los trabajadores de entre 58 y 63 años han podido estudiar individualmente las condiciones durante 10 días, durante los cuales se les han explicado los detalles del ERE.
   Además, recalca que la indemnización mínima a percibir por parte de los trabajadores sería de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. Sin embargo, se ofrece una indemnización superior a los trabajadores de más de 58 años y con más de 5 años de antigüedad en la empresa, en especial consideración a las dificultades de inserción laboral de este colectivo. Como promedio, esta indemnización equivaldrá a un 85 por ciento del salario neto aproximadamente. Las extinciones se producirán progresivamente en un plazo máximo total de seis meses.
   El preacuerdo para cerrar el convenio colectivo hasta finales de 2015 establece la congelación salarial para los trabajadores de Metro de Madrid durante los años 2013 y 2014, así como una "posible subida salarial" en el año 2015 de un 0,6 por ciento ligada a medidas de productividad, siempre y cuando, en ese año, la compañía obtenga beneficios (tal y como ocurrió entre los años 2003 y 2008) y la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid lo permita.
   Por otro lado, Metro de Madrid retirará la demanda que presentó contra los sindicatos por la huelga que hubo sin servicios mínimos en 2010 para reclamar daños por valor de 4,7 millones de euros cuando se firme el convenio colectivo de 2013-2015, según indicaron recientemente fuentes del suburbano.

Ruz pide informes de conclusiones sobre la red de Correa y sus contratos con Madrid

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

   En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos.
En concreto, el juez Ruz pide a la UDEF que antes del 31 de diciembre presente sendos análisis sobre "la sede central de la organización de Correa", situada en la calle Serrano de Madrid; las empresas Easy Concept y Galher Servicios Administrativos; y la nave industrial del polígono Ventorro del Cano (Alcorcón) en la que se incautó numerosa documentación.
   También se reclama a este organismo que exponga sus conclusiones sobre la memoria externa de almacenamiento que se  incautó al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y que Correa identificó en unas conversaciones grabadas en la cárcel como "el puto pen drive", al reflejar la contabilidad B de sus empresas. Además, solicita la agenda personal y memoria intervenida a David Luis Cerezo.
   El último informe solicitado a la UDEF, que deberá ser presentado por este cuerpo antes del 15 de febrero, se refiere a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, vinculada presuntamente a la entrega de cohechos en nombre de la trama.
   De la misma forma, el juez Ruz reclama a la Intervención General del Estado que le informe antes del 31 de enero sobre los contratos de la Comunidad de Madrid que se adjudicaron las empresas de Correa y que obtuvieron en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
   También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a  varios países.

Prohíben a los detenidos por el 14D en Madrid acercarse al Congreso

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid ha prohibido a cinco de los 14 detenidos por la protesta de 'Rodea el Congreso' del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede del Congreso de los Diputados, según se desprende del auto judicial fechado a 20 de diciembre.

Aunque el mismo sábado de los altercados se detuvo a siete personas, el pasado jueves, en el marco de la 'operación cresta', se detuvieron a otros siete, dos de ellos menores de edad. La medida cautelar afecta a estos últimos detenidos --quedan fuera los menores de edad que han pasado a la Fiscalía de Menores--, han señalado hoy fuentes policiales.
En el auto el juez, que se encontraba de guardia en el momento de las detenciones, toma esta medida cautelar después de que el Ministerio Fiscal hubiera pedido una medida de alejamiento durante la tramitación de la causa fijada en una distancia de 1.000 metros.
Acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, los detenidos en su declaración prestada en el juzgado "reconocieron su intervención en la protesta" y, además del propio atestado que origina la iniciación de las actuaciones, hay "reconocimientos fotográficos".
El juez entiende que para adoptar esta medida no se requiere una "prueba plena" sino un "indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención" de los detenidos, además del "examen e identificación fotográfica" antes mencionada que "puede considerarse como un cato de la naturaleza expresada".
A ello se le une la "gravedad" de los hechos analizados, atentar el ejercicio de sus funciones por unos agentes de la autoridad, "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado" y contra la "integridad física de las personas y el patrimonio de un organismo estatal". Esta gravedad, dice, "obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características".
El juez toma esta decisión con una extensión menor a la solicitada por el Ministerio Público pues aunque los detenidos residen fuera del término municipal de Madrid, salvo uno que necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, cree que la distancia de los mil metros "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados".
Todos los detenidos están acusados de varios delitos de lesiones, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños durante los disturbios. Además, se les considera responsables de causar múltiples traumatismos a 11 agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, a los que arrojaron todo tipo de objetos contundentes. Otras 13 personas resultaron heridas.
El pasado sábado 14, los manifestantes comenzaron una marcha por las principales vías de la capital, provocando problemas circulatorios de gran importancia en el centro de la ciudad. Cuando esta manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno, alcanzó la Puerta del Sol, en la plaza se encontraban miles de personas.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó la semana pasada que en ese momento miembros de Unidades de Intervención Policial trataron de dialogar con la cabecera de la manifestación para evitar que con la entrada de una masa de personas se pudieran generar momentos de caos y temor en los ciudadanos allí presentes.
"Lejos de dialogar, los radicales que encabezaban la marcha comenzaron a rodear a los agentes y a proferirles insultos graves. Para evitar momentos de tensión con los manifestantes, los policías decidieron replegarse. Cuando se produjo el repliegue un grupo de violentos aprovechó para agredir a los agentes, propinándoles patadas y lanzándoles botellas", detallaron desde la Policía.
Posteriormente, el grupo de manifestantes continuó su camino hasta la confluencia de las calles de Atocha y San Sebastián, donde destrozaron un vehículo de la Policía Municipal. Para socorrer a los dos agentes municipales llegaron a la zona varios agentes de la Unidad de Intervención, "que se encontraron con una masa extremadamente violenta".
Los radicales comenzaron a lanzar botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes contra los policías, hiriendo de diversa consideración a once de ellos.
Cuando se produjeron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas del orden, se encontraban en la calle Atocha numerosos vehículos de particulares y un autobús repleto de pasajeros. El medio de transporte colectivo sufrió múltiples impactos de botellazos y otros objetos "provocando momentos de gran temor y ansiedad entre sus ocupantes", según el parte policial.
Los disturbios acabaron con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, por importe superior a 15.000 euros, entre papeleras, señalización, limpieza viaria, contenedores de vidrio y papel, entre otros enseres. El día de los altercados se llevaron a cabo otras siete detenciones por desórdenes públicos y atentado.